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PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO.- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.-

Sr. Juez:

                                            , por derecho propio y en mi carácter de administradora de la página de Facebook denominada “Choripan Y Vino” con domicilio real en la calle Domingo -------------, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, con el patrocinio jurídico de los Dres. Federico Paruolo, abogado inscripto con el T° 87 F° 811 del CPACF, con domicilio electrónico 23-31856026-9 y de Sosa Ramiro abogado inscripto al tomo 117 folio 692 (CUIT 20-30608776-3) constituyendo domicilio legal  sito en la calle ----------------------- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetuosamente me presento y digo:

I.- Objeto:

En legal tiempo y forma, vengo a promover Acción rápida y expedita de Amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y artículos concordantes de los instrumentos internacionales sobre los Derechos Humanos (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina) contra Facebook Argentina S.R.L., con domicilio denunciando sito en la Av. L. N. Alem 1110, Piso 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de solicitar a V.S. ordene el restablecimiento de la página “Choripán y vino” que fuera dada de baja (por tercera vez) por la mencionada red social el pasado 04/01/2016, por los motivos que se  detallaran a lo largo del presente.

Solicito la habilitación de feria judicial en virtud de lo que manifestare al punto III del presente escrito.

En este mismo acto vengo a solicitar medida cautelar innominada con el objeto de que VS ordene el restablecimiento de la página censurada, lo que implica la recuperación de todas las personas que mediante “like” (es decir mediante el clic de un botón que los hace “suscriptores” de la pagina) oportunamente se encontraban adheridas Choripan y Vino.

II.- Admisibilidad de la Vía Intentada.-

La acción de amparo que se promueve resulta admisible de acuerdo a las exigencias normativas en la materia toda vez que, en el caso de marras, se verifican los tres supuestos establecidos por el art. 43 de nuestra Constitución Nacional.

Asimismo no existe un remedio judicial más idóneo que permita garantizar la protección constitucional que brinda el Amparo toda vez que es el único instrumento expedito y rápido que puede lograr impedir que se cercenen derechos inherentes a los seres humanos.

En relación al plazo para interponer el amparo, vale considerar que tal como sostiene Rivas, "la reforma constitucional obliga a tramitar el amparo en forma expedita, y ello significa que no está sujeto a condicionamientos de modo que, el art. 2º de la ley 16.986, y con ello, el plazo de caducidad contemplado en el inciso e), se derrumba estrepitosamente ...desde el momento en que la Constitución no hace ninguna salvedad al respecto y un amparo expedito no se compadece con un lapso tan exiguo como el referido por aquel inciso.[1]"

En esta lógica, según la Real Academia Española, la primera acepción de la palabra expedito es "desembarazado, libre de todo estorbo,"lo que implica que no resulta válido someterlo a condiciones o modalidades formales o procesales que puedan desnaturalizar o limitar el instituto garantista. En virtud de ello, ya en 1997, durante el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, realizado en la Provincia de Corrientes se concluyó que los plazos y requisitos estipulados por la Ley N° 16.986 y sus semejantes provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires resultan derogadas atento la incompatibilidad manifiesta con el art. 43 de la Constitución, dado que no pueden preveer más requisitos de procedencia que los expresamente estipulados en él.

En este orden de ideas, y tal como lo señala el Dr. Bidart Campos, el art. 43 resulta ser directamente operativo y se basta a sí mismo[2]. Así las cosas, y aún en el caso de que se pretenda considerar vigente las previsiones de la Ley N°16.986, vale considerar que la presente acción de amparo fue debidamente interpuesta dentro del plazo legal de  quince días.

Por otra parte, vale destacar que la determinación de la eventual invalidez del acto no requiere mayor amplitud de debate y prueba ya que el tema de autos requiere contrastar la actividad de Facebook al momento de eliminar dos veces la página “Choripan y vino” y por ultimo suspender al actividad de una tercera para luego darla de baja, con la Constitución y sus principios fundamentales y las Convenciones, Pactos o Declaraciones en materia de Derechos Humanos incorporados a nuestro ordenamiento interno en el art. 75.22 de la Carta Magna.

III.- HABILITACION DE FERIA.

            Entiendo que es conducente la medida extraordinaria de habilitación de feria, toda vez que la situación de hecho actual entraña para esta parte un riesgo cierto e inminente de ver frustrado el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, puesto que como me explayare en el apartado “hechos” cada vez que se ha cerrado la pagina que administro y la cual cree, pierdo seguidores es decir la posibilidad de expresarme y que mis ideas sean recibidas se ven reducidas considerablemente, vasta a tal fin solo constatar que al primer cierre de la pagina contaba con 250.000 seguidores, al segundo con 25.000 y al cierre actual con 8.000 es decir en tres cierres perdí contacto con más de 240.000 personas las que se informaban mediante mi pagina y de muchas de las cuales yo recibía información de la cual me nutria, es decir se ven violados tanto mi derecho a la libertad de expresión, como mi derecho al acceso a la información, así como el derecho colectivo de acceso a la información.

            Cabe mencionar que cada día que sufro la censura se están violando mis derechos y que por ese motivo dilatar a la finalización de la feria judicial la vía intentada implicaría prácticamente la desnaturalización total del derecho que invoco y que pretendo de Vs una tutela efectiva.

            La violación a mi derecho a la libertad de expresión ya ocurrió desde el momento en el cual me censuraron, sin causa siquiera, la pagina en la cual expresaba mis ideas. Este derecho es automático y su violación también es “automática”, es decir se censura y con ello se impide tanto la libertad de expresión como el acceso a la información.

            De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, la libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés general. También facilita el desarrollo, el buen gobierno y la implementación de garantías democráticas. En Internet, la vulneración de este derecho se manifiesta principalmente de tres maneras: la prohibición de acceso a Internet, la censura, y el bloqueo de sitios o contenidos.

Sólo para tener una idea, el Informe sobre Libertad en la Red 2015, elaborado por Freedom House en 65 países, nos demuestra que las principales causas de censura online son: las críticas a las autoridades, corrupción, oposición política, movilización de causas públicas, asuntos LGTBI, entre otros (conforme informe de publico acceso https://freedomhouse.org/publicaciones).

Con lo dicho entiendo que la demora en dar curso a lo solicitado implicaría la continuación de la violación de los derechos aquí invocados.

           

            IV.- Legitimación Activa para Incoar la presente Acción de Amparo.-

Toda vez que la accionada impide mi acceso a la página de la cual soy administradora entiendo que legitimación, tal como explica Marienhooff es “en general (…) la aptitud de ser parte en un determinado proceso o asunto judicial. Y tal aptitud se determina por la posición en que se encuentre el actor respecto de la pretensión que da lugar al proceso o asunto, entendiendo aquí por pretensión lo que el actor pide que le sea reconocido jurisdiccionalmente... Sólo las personas que se encuentran en determinada relación con la pretensión pueden ser parte en el proceso en que la misma se deduce” [3], y conforme surge de lo manifestado infra, me considero con la debida legitimación para accionar.

 la prueba que acredita mi legitimación activa para realizar la siguiente la constituye diversos print de pantalla donde consta que soy administradora.

En virtud de lo expuesto considero que la prueba que aporto en “ANEXO I” resulta suficiente para acreditar la legitimación activa de esta parte, empero si VS la considerara insuficiente, como medida probatoria ofrezco:

a) Constancia de premio entregado a mi persona por la Agrupación Oesterheld a la pagina “Choripan y vino”, premio otorgado como reconocimiento a la prensa independiente, que me fuera entregado a mi persona, del cual acompaño copia y pongo a disposición el original.

b) Aporto en soporte digital en “ANEXO II” video filmaciones de la entrega del mencionado premio, así como fotos que dan cuenta del evento referido.

c) se requiera a FACEBOOCK Argentina S.R.L. que informe si constan en sus registros el alta de pagina con el nombre “Choripan y Vino”, si la misma fue suspendida y luego cancelada, si ello ocurrió y en qué fecha.

Por último y toda vez que los print de pantalla son del sistema de la demandada, solicito se me exima de acompañar copias de los mismos puesto que la accionada tiene acceso a ellos mediante su propio sistema.

IV Hechos

En el mes de Diciembre  del 2016 abrí, junto con otras personas, una página denominada “Choripán y vino” en la red social Facebook. El espacio tenía como objetivo difundir noticias relacionadas a la política actual de nuestro país, como ser la implementación de políticas públicas, información respecto a sucesos coyunturales y opiniones respecto de los personajes políticos de mayor relevancia en el gobierno de entonces y el actual.

Como cualquier expresión de ideas respecto de la dirección de un país,  este medio no era imparcial, sino que se presentó desde sus comienzos como un espacio ideológicamente afín al Kirchnerismoy sumamente crítico con las políticas públicas que se llevaban a cabo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces dirigido por el actual presidente Mauricio Macri.

Así, en el espacio se publicaban las políticas públicas que yo consideraba acertadas y las que no, abriéndose de ese modo un espacio de opinión en el cual además de difundir mis ideas político-partidarias, también podía informarme, nutrirme del debate generado, de la información que otras personas adherentes a la página publicaban.

El grupo estaba conformado inicialmente por aproximadamente 30 personas.

El día 04 de agosto de 2016 Facebook Argentina S.R.L. inhibió la visibilización de dicho espacio en la red social mencionada, lo que implicaba que yo podía ingresar a la página pero que los restantes miembros o seguidores no podían verla ni ver las publicaciones. A los pocos días cierran definitivamente la página, lo que implica la pérdida de toda la información publicada, asi como la imposibilidad de los seguidores de poder tener contacto con nosotros y viceversa; sin embargo el cierre no impide que se creen nuevas páginas, pero como mencione, con la consecuente pérdida de toda la información y de los lectores.

Posteriormente, procedí a la apertura de una nueva página con el mismo nombre e idéntico objetivo. No obstante, el cierre del espacio generó una merma del grupo de seguidores y participantes, en tanto la gente que se había adherido inicialmente desconocía esta situación y no existe medio alguno para informarlo más que mediante la apertura de una nueva página.

Estos hechos se repitieron en tres ocasiones, logrando así que “Choripán y vino” disminuyera a un cuarto el número de seguidores, perdiera visibilidad y fuera en cada ocasión más dificultosa la tarea de reconstruir el espacio.

En lo que respecta a esta presentación, debo destacar que el día 31 de diciembre de 2016 Facebook censuró nuevamente el grupo de debate con el fundamento de que el mismo infringía las normas de la comunidad de Facebook. Se omitió en tal oportunidad mencionar qué norma se estaba infringiendo, no se detalló qué comentario o publicación podía contrariar la reglamentación y tampoco se posibilitó enmendar el daño con la eliminación de dicha noticia. Únicamente se me habilitó el acceso a un formulario mediante el cual podía “apelar” la decisión de Facebook Argentina S.R.L., sin embargo, tan pronto como intenté hacer uso de dicho recurso, el formulario llevaba una fórmula que indicaba que ya se había utilizado esa alternativa. En suma, revisar dicha decisión era meramente ficcional porque en la práctica no estaba habilitado el procedimiento.

Todo ello ocurrió luego que en la pagina fuera subida una imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, donde se realizaba una crítica a su gestión a cargo de la Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, lo que refiere un claro acto de censura por razones políticas, fundadas en la relación comercial  que existe entre el Gobierno Nacional y Facebook Argentina S.R.L. (que se hizo pública por diversas investigaciones periodísticas como ser la de INFOBAE de fecha 23 de agosto de 2016); así mismo la primer censura ocurrió en vísperas al denominado “ruidazo” que se organizaba por redes sociales en contra de la política tarifaria del gobierno, en Agosto de 2016; la segunda ocurrió durante la convocatoria a la llamada “marcha federal” que también se organizaba por redes sociales e iba dirigida a cuestionar las políticas del gobierno de la actual administración, esto en septiembre de 2016.

Todo lo mencionado anteriormente da cuenta de una clara persecución a la pagina que yo administro por razones políticas, fundadas en la relación comercial con el Gobierno Nacional, con el único objetivo de censurar cualquier tipo de opinión que resulte “perjudicial” a los intereses de quienes hoy tienen a su cargo el manejo del estado nacional. 

Actualmente ya fue cerrada la página, así como se hiciera en las anteriores oportunidades. Es por tal motivo que interpongo la presente acción.

El cierre de la página restringe mi libertad de expresión, al tiempo que coarta mi derecho a la información –en tanto me nutro de la información volcada por otras personas seguidoras del espacio- y el del resto de la comunidad que utiliza dicha página para conocer mi opinión política.

Esta situación me obliga a acudir a la justicia en procura de la defensa de mi derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información, por los fundamentos que serán dados a continuación.

No resulta menor que la primer pagina que fue censurada contaba con un total de 250.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL) seguidores, es decir 250.000 ciudadanos que se informaban mediante las publicaciones que mi pagina hacia, la segunda página censurada contaba con 75.000 (SETANTA Y CINCO MIL) seguidores y la ultima con 25.000 (VEINTICINCO MIL) seguidores., conforme surge de las capturas de pantalla que se acompañan a la presente como prueba, en “ANEXO III”.

Por último, y no menor, debo remarcar que jamás hemos violado la política interna de FACEBOOK.

También debo hacer mención a Vs. que alguien que desconozco ha creado una página con el mismo nombre, extrañamente Facebook se lo permite, y claramente el objetivo de dicha pagina es generar confusión con nuestros seguidores y llevarlos al error de ingresar a dicha pagina copiada, tampoco es menor que esa publicación jamás fue dada de baja por Facebook pese a los diversos reclamos realizados.

V.- Derechos Afectados

            El caso que nos convoca resulta una clara afectación a la libertad de expresión. Sin embargo, referirse a la libertad de expresión no es tan sencillo, sino que requiere de una precisa definición y distinción de los caracteres que la configuran. Para ello, haré uso de las palabras vertidas por la Relatoría para la libertad de expresión, en su informe anual del año 2009, en el que se dejó sentado que “la libertad de expresión se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones: una dimensión individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada

            Teniendo en cuenta esta doble dimensión, se ha explicado que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos, que implica tanto el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones u opiniones que se quieran, como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos y noticias, libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen.

Es así, que trabajaré ambas faces de un mismo derecho por separado, denominando “Libertad de expresión” a la faz individual, al derecho a difundir ideas y pensamientos que la Carta Magna me garantiza a mí individualmente como sujeto de derechos. Por otro lado denominaré “Derecho a la información” al aspecto colectivo de este derecho, es decir al derecho constitucional a recibir información de distinto tipo. Derecho que Facebook Argentina S.R.L. no sólo me cercenó a mí al impedirme recibir las opiniones y la información que otros usuarios de la red social me compartían, sino que también se le imposibilitó el goce del mismo a todos aquellos seguidores de la página que leían a diario las novedades por mí publicadas y las opiniones que allí vertía.

Finalmente, debo destacar que en cualquiera de sus formas, la libertad de expresión es un derecho que requiere una protección especial y activa por parte de los estados y que la garantización del ejercicio de este derecho no supone meramente la no intervención. Para explicar este punto, me remitiré a las palabras del Dr. Víctor Abramovich en oportunidad de presentarse como amicuscuriaeen la causa Nro. G.439. XLIX-Rex-caratulada “Grupo Clarín c/ Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad s/ recurso extraordinario”: “Si observamos la evolución de la jurisprudencia sobre igualdad en el sistema interamericano, concluiremos que el SIDH demanda a los Estados un rol más activo y menos neutral, como garantes no sólo del reconocimiento de los derechos, sino también de la posibilidad real de ejercerlos. En ese sentido, la perspectiva histórica sobre la jurisprudencia del SIDH marca una evolución desde un concepto de igualdad formal, hacia un concepto de igualdad sustantivo que se comienza a consolidar en la etapa actual del fin de las transiciones a la democracia, cuando la temática de la discriminación estructural se presenta con más fuerza en el tipo de casos y asuntos considerados por el SIDH.

Una noción de igualdad sustantiva, que demanda del Estado un rol activo para generar equilibrios sociales, la protección especial de ciertos grupos que padecen procesos históricos o estructurales de discriminación. Esta última noción presupone un Estado que abandone su neutralidad y que cuente con herramientas de diagnóstico de la situación social para saber qué grupos o sectores deben recibir en un momento histórico determinado medidas urgentes y especiales de protección(el destacado me pertenece).[4]

V. 1. FAZ INDIVIDUAL DEL DERECHO INVOCADO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

            La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales.

            En particular me interesa destacar la formulación que del derecho elabora la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 19 y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 y la interpretación que de estos articulados se ha efectuado. Veamos.

            En la primera convención referida se declaró expresamente que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”. Se advierte de la redacción una amplia cobertura irrestricta a todo tipo de divulgación de ideas y opiniones.

            Similar redacción se presenta en la Convención Americana, que establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

            Párrafo siguiente, los Estados se introdujeron en el terreno de la censura, previendo expresamente que “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

            Como si ello fuera poco, para evitar cualquier confusión respecto de qué importa una censura previa, en su inciso 3° se estipuló “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

            Finalmente el artículo 29 establece como norma de interpretación de la Convención que “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza."

            Pese a la claridad del articulado, que supone que cualquier interpretación de dicha redacción debe ser en favor de la libertad de expresión y nunca de su restricción o supresión, la CIDH en su Opinión Consultiva Nro. 5/85 se vio obligada a explayarse respecto a la interpretación válida, oportunidad en la que señaló que “En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.”(el destacado me pertenece).

Lo anterior no significa que toda restricción a los medios de comunicación o, en general, a la libertad de expresarse, sea necesariamente contraria a la Convención. Sin embargo, la restricción al derecho no puede configurarse como censura previa, sino como responsabilidad ulterior. En este sentido, la Convención (y la Comisión al interpretarla en el documento citado) es clara al establecer en el artículo 13.2 las “restricciones” válidas a la libertad de expresión, constituidas por una regulación legal de aquellas conductas que constituyen causal de responsabilidad según el citado artículo. Esa determinación de responsabilidad es la única restricción al derecho invocado válido de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.

Así, en la Opinión Consultiva mencionada se determinó “Es en el sentido de conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión como se usará en adelante respecto de este artículo la expresión ´restricción´”.

Y párrafo siguiente destacó que “la Convención define a través de qué medios pueden establecerse legítimamente restricciones a la libertad de expresión. Estipula, en primer lugar, la prohibición de la censura previa la cual es siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos enumerados por el artículo 13… En esta materia toda medida preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la Convención(Opinión Consultiva Nro. 5/85, párr.38, destacado propio).

En sintonía con esta regulación se redactó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, en cuyo preámbulo se dejó sentado que la protección de este derecho, aún en su faz individual, tenía una relación directa con la consolidación y el desarrollo de la democracia. Ello, desde el convencimiento de que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.

Así, considero de suma relevancia para el caso recordar los primeros dos principios de la Declaración, que suponen “ La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.” (principioNro 1).

Y que “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (principio Nro. 2).

Se advierte entonces de la normativa internacional citada en los párrafos precedentes que la protección a mi derecho individual a expresar mi opinión esta ampliamente protegida, no es susceptible de censurarse bajo ningún medio, formal o indirecto.

Ahora bien, el cierre de la página “Choripán y vino” en donde yo volcaba mis opiniones respecto de la política nacional, es una censura previa y en tanto tal, es también una restricción ilegítima al derecho invocado. Como si ello fuera poco, la multiplicidad de restricciones ilegítimas ocasionó un efecto multiplicador del impacto de dicha acción sobre mi derecho a expresarme libremente, en tanto cada vez fue más dificultoso alcanzar el número de seguidores que leían a diario lo que yo volcaba en dicho espacio social y, como se dijo anteriormente, la protección a la libertad de expresión también supone o incluye la preservación del mayor público posible, tal y como lo determinó la Comisión Interamericana en la Opinión Consultiva antes citada.

Finalmente, huelga destacar que en el informe del año 2000 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en aquel momento a cargo de Santiago Cantón, se refirió al efecto que produce la discriminación de ciertos sectores de la población en el fortalecimiento de las democracias y explicó que  “es deber del Estado garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, eliminando todo tipo de medidas que discriminen a un individuo o grupo de personas en su participación igualitaria y plena de la vida política, económica y social de su país. Este derecho garantiza una voz informada para todas las personas, condición indispensable para la subsistencia de la democracia[5]

Dadas estas premisas, creo estar en condiciones de afirmar que no hay modo de sostener que se garantiza el derecho a la comunicación de modo universal si se lo considera una libertad negativa, protegida exclusivamente por obligaciones vinculadas a la abstención de censura por parte de los Estados.

V.2. FAZ COLECTIVA. DERECHO A LA INFORMACIÓN

Con el surgimiento de los Estado- Nación, post revoluciones en Inglaterra (1688) y Francia (1789) se plasma el reclamo público por la libertad de prensa. A partir de entonces, se presenta en la historia internacional un aumento de la participación de la sociedad civil en el debate público. Posteriormente, a través de diversos cambios producidos a lo largo de la primera mitad del sigloXX -creación de asociaciones de periodistas, consejos profesionales y otras instancias de evaluación ética de la actividad informativa- la información se consagró como un derecho universal.

            El inicio de esta etapa está marcado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,que reconoce en su artículo 19 el Derecho a la Información:“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el deinvestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciónde fronteras, por cualquier medio de expresión”.

            De esta manera se llega a un estadío novedoso para las sociedades modernas en el cual la información deja de ser potestad delEstado, de los empresarios periodísticos o, inclusive, de los propiosperiodistas, para convertirse en un derecho humano, cuyo titular esel público[6].

            A nivel regional, el Derecho a la Información fue reconocido porla Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce el carácter universal del Derecho a la Información y, como se dijo, condena cualquier tipo de restricción a su ejercicio, tantodirecta como indirecta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de reafirmar esta concepción, considera que la libertad de expresión debe poderse ejercer tanto en su faz individual –elderecho de cada persona a utilizar cualquier medio apropiado paradifundir sus opiniones- como en su faz social, satisfaciendo la necesidad de todos los ciudadanos de recibir información y opinionesdiversas.

            Por esta razón, el máximo tribunal regional entiende que “no sería lícito” limitar las posibilidades de expresión a través de la censura previa y la CIDH en su Opinión Consultiva Nro. 5/85 señaló que “Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales”.

            Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente

            Queda claro, entonces que la dimensión colectiva de la libertad de expresión es un medio para intercambiar ideas e informaciones entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias.

            En esta línea se dijo que “Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente.” (Opinión Consultiva 5/85, punto 33)

            Desde este entendimiento, entonces la vulneración a mi libre expresión supone inescindiblemente la vulneración al derecho a la información de todos los ciudadanos y especialmente de aquellos seguidores de la página en la que yo difundía mis ideas.

            Esta cara y contracara propia del derecho que aquí invoco resuena sobre el modelo político constitucional, es decir, sobre el sistema democrático. Sin ir más lejos, en la Convención Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios, en la que se pretendió explicar cómo debían entenderse los principios volcados en la Declaración sobre los Principios de Libertad de Expresión, citada en el acápite III.1. de esta presentación, se destacó lo siguiente:

            Respecto del principio número 1, se expuso que “[L]a libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre.  La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma”.

            Asimismo, se detalló en referencia al segundo principio convenido que “Dentro de una sociedad democrática [es necesario que] se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto […]Tal como está concebido en la Convención Americana, [es necesario] que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información”.

            Como se advierte, Facebook Argentina S.R.L. no sólo restringe mi derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, sino que también vulnera el derecho del pueblo argentino como colectivo interesado en la información respecto a las políticas públicas del estado, a la formación de opinión libre y, en última instancia, a la elección democrática, libre e igualitaria.

            Tan relevante resulta la faz colectiva del derecho invocado que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 reconoce el derecho a la libertad de expresión al igual que la convención, pero a su vez impone a los Estado la adopción de las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento del derecho.

            Reitero: un tratado internacional suscripto por el Estado Argentino lo exhorta a desempeñar un rol activo, promoviendo y garantizando la diversidad de voces la construcción de medios públicos independientes, como en este caso lo es un foro abierto a la comunida.

            Debo destacar, por último, que el campo audiovisual se ha revolucionado con la digitalización de los contenidos, por lo tanto las Opiniones Consultivas o fallos que otrora se dictaron en torno a los medios televisivos o de radio, hoy por hoy deben adaptarse a los medios informáticos. El avance tecnológico y el surgimiento de nuevas formas de comunicación no puede ser óbice para desconocer los principios básicos de un derecho tan elemental como el que aquí traigo a colación. Máxime si se considera que estas nuevas plataformas promueven el surgimiento horizontal y vertical de identidades colectivas con un acceso prácticamente universal que facilita el intercambio de información y genera una cantidad insospechada de nuevos servicios digitales.

            El fortalecimiento de la democracia a través de una ciudadaníalibre y emancipatoria será obra de los ciudadanos en múltiples espacios: Internet ha sido sostén de creativas y múltiples redes sociales,con incidencia en la generación de agendas, compartir contenidos,debatir cuestiones públicas o movilizar colectivos sociales, por lo que deviene sumamente necesario proteger estos nuevos medios de comunicación con la misma rigurosidad que los estándares internacionales previstos para los medios convencionales.

V.3.-ACTUALIDAD DE LA LESION A LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION Y  EN LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS

           

Que la actualidad de la lesión viene no solo dada por el hecho de haber inhibido la visualización del portal. Sino que esta actitud prolonga los efectos de la lesión a los derechos fundamentales en el tiempo, es decir que tiene aptitud para renovarse periódicamente,  y hasta que no cese la operatividad de tal medida, la lesión seguirá afectando las garantías fundamentales que hacen como ciudadano a los habitantes de la república y su participación en el control republicano.

Así la jurisprudencia sostuvo que “…no se produce la caducidad de la acción de amparo…si la conducta lesiva del organismo implicado se sigue prolongando en el tiempo, o tiene aptitud para renovarse periódicamente pues ante esa situación se da un incumplimiento continuado que traslada sus efectos hacia el futuro…” (“Gezamburu, Isabel c/Instituto de Obra Social s/ amparo”; Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala I, sentencia del 12-10-1995).

“…si bien es admisible que pueda sostenerse que cuando se cuestionan actos de alcance general el plazo de caducidad comience a contarse desde su publicación (cfr. "Fallos"; 307:1054 y 317:1655, consid. II), ello no significa que, a través del juego armónico de lo preceptuado en los arts. 1° y 2°, inc. e) de la ley 16986, se descarten de plano las particularidades de cada caso (cf. Sala I, "in re" "La Segunda ART", del 20 de junio 2000 y "Milling SA ya citado).

Más allá que los requisitos de admisibilidad formal deben ser apreciados con estrictez, "en caso de dudas sobre el inicio del plazo de caducidad, parece conveniente atenerse a lo que sea más propicio para los reclamantes, si éstos han actuado con una celeridad razonable, de acuerdo con las particularidades de cada caso, pudiendo incluso llegar a excluirse, a su respecto, la aplicación del art. 2, inc. e) de la ley 16986 (conf. Sagúes, Néstor Pedro, "Derecho Procesal Constitucional, Acción de", 2a. ed., Buenos Aires, 2988, p. 266, ver también del mismo autor "El plazo de caducidad de la ley de amparoante la reforma constitucional", JA del 5/4/00, comentario al plenario "Capizzno de Gialdi, en Morillo, Augusto Mario y Vallefín, Carlos A "El amparoRégimen Procesal", 3a. Ed. La Plata 1998, p. 44, Sala I, en fallos "La Segunda ART", y "Miling SA", antes cit.).

Las particularidades de la situación analizada en autos autorizan en la especie a apartar el rigor formal que la aplicación del plazo de caducidad de la acción de amparoestablecido en el art. 2, inc. e) de la ley de amparosupone, y a considerar, por ende, la interposición de la acción tempestiva.

Ello es así, pues en autos se acusó al demandado de omitir las publicaciones reglamentariamente por él establecida en relación los decretos administrativos y parlamentarios en su sitio de Internet; observándose la reiteración de esa conducta omisiva hasta el presente…”  (“CIPPECy otro c. Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación s/ amparo, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III”)

 “Que en efecto, corresponde señalar en primer lugar, que no surge de autos que la demandada le haya hecho saber a la actora, de modo fehaciente, la modificación de las prestaciones asistenciales a que tenía derecho, en su condición de afiliada. No existe, entonces, fecha cierta a partir de la cual pueda computarse el plazo establecido por el art. 2°inc. e) de la ley 16.986 ni, por tanto, razón para declarar que la demanda fue interpuesta extemporáneamente.

Es cierto, no obstante, que podría afirmarse –como en definitiva lo ha considerado la cámara- que de hecho la demandada suspendió las prestaciones que brindaba y que fue a partir del conocimiento de esta circunstancia que la actora, dentro del plazo antes señalado, debió demandar. Pero frente a ello puede sostenerse que el escollo que importa el citado artículo no es insalvable en la medida en que con la acción incoada se enjuicia una arbitrariedad o ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hecho único, ya pasado, cuyo juzgamiento tardío comprometa la seguridad jurídica ni un hecho Consentido tácitamente, ni de aquellos que en virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias. (C.S.J.N. “Tartaroglu de Neto, Leonor c/ IOS s/ amparo” Sentencia del 25/09/2001).

“El art. 2°, inc. e) de la ley 16.986, en cuanto impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es un escollo insalvable cuando con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente” (Disidencia parcial del Dr. Eduardo MolinéO'Connor en “Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo” T.318 F.1154).

Lo expuesto nos ilustra sobre las posturas sostenidas por los órganos superiores del fuero, como también de la misma Corte Suprema, sobre la caducidad de la acción de amparo , cuestiones que deben ser tenidas en cuenta al momento de evaluar sobre la procedencia y/o admisibilidad de la presente.

V.S. deberá tener en cuenta que la actualidad de la acción y su vigencia no son extemporáneas, en tanto que, los efectos del hecho originador se siguen manifestando afectando al conjunto de la sociedad y lesionando sus derechos fundamentales, por lo que de las particularidades de este caso  y siendo que el hecho originador tiene aptitud para renovarse periódicamente, por lo que se renueva periódicamente la lesión al derecho de libertad de expresión, debido a que cualquier persona que quisiese entrar al portal o cualquier tipo de publicación que intente realizarse, se verá impedida.

Es por lo expuesto que para la situación descripta se debe dejar sin efecto el plazo perentorio del inc. e) del art. 2 de la ley 16.986, claro está, para llegado el caso que estime que haya plazo, en tanto que esta parte entiende que no lo hay cuanto por las características mencionadas de los efectos del hecho originador, son y serán siempre de actualidad en tanto se siga perpetuando la palmaria violación alla Libertad de Expresión a los ciudadanos de la República Argentina que quieran acceder al portal inhibido.

            Llegado el caso de que V.S. no acoja los argumentos esgrimidos sobre la no vigencia del plazo de caducidad, o que no coincida en la interpretación de la renovación continua del acto y por lo tanto del plazo de caducidad. Es que solicito se declare inconstitucional el plazo establecido en el artículo 2 inc. e) de la ley 16.986, por ser el mismo requisito sustancial para la admisión del amparo, es decir, no meramente formal, y ser contrario a los establecido posteriormente en la Constitución Nacional reformada en 1994 la cual en su artículo 43 establece cuales son los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo, siendo aplicable al caso, lo establecido por el voto mayoritario en“Gezamburu, Isabel c/Instituto de Obra Social s/ amparo”; (CámNaCiv y ComFed, Sala I, 12-10-1995) del voto del Doctor Perez Delgado, el cual sostiene la postura de la no vigencia del plazo de caducidad establecido por el decreto-ley 16.986 frente a la reforma constitucional de 1994.

           V.4. Obligatoriedad de Confrontar la Normativa interna con el Plexo Jurídico Internacional de los Derechos Humanos.-

El artículo 31 desde los cimientos del Estado ya disponía que “[e]sta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación.” Por otra parte, en el art. 102 se hacía referencia expresa al Derecho de Gentes marcando, incluso, las bases de la jurisdicción universal. Más allá de los innumerables debates doctrinarios y jurisprudenciales en torno a la aplicación de las normas de derecho internacional sean convencionales o consuetudinarias, el art. 75.22 incorporó en 1994 estos tratados al derecho interno otorgándoles jerarquía constitucional y poniendo fin a todas las dudas.-

Así, pocas dudas caben que, de acuerdo a nuestro ordenamiento interno,  existe la obligación de incorporar principios de interpretación normativos acordes a los estándares del corpus normativo de Derechos Humanos compatibilizando la totalidad de nuestro cuerpo normativo con los principios constitucionales y convencionales, tratando de asegurar armonía normativa.

En este punto es conveniente recordar el voto razonado del Dr. Sergio García Ramírez en el Caso Tibi vs Ecuador de septiembre del 2004 en el que se comenzó a bosquejar la obligación de realizar un control de convencionalidad al mismo tiempo que se contrasta la Constitución Nacional con las normas de menor rango.

En este sentido, se debe tender a que los tribunales nacionales procuren encauzar la actividad del poder público y otros agentes sociales al orden o los principios del Estado de Derecho en una sociedad democrática. Por ende, resulta valedero recordar el considerando 5° del voto supra consignado, ya que “[h]ay que insistir en que los propios Estados, garantes del sistema interamericano de derechos humanos, son al mismo tiempo piezas esenciales de ese sistema, al que concurren a través de una voluntad política y jurídica que constituye la mejor prenda de la eficacia verdadera del régimen internacional de protección de los derechos humanos, sustentado en la eficacia del régimen interno de protección de esos derechos.” Asimismo, en el considerando 8° agrega que “[n]o obstante esta paulatina aparición de temas diferentes a los transitados… en el conjunto de casos sometidos a la Corte persisten algunos de carácter “tradicional”. No sólo no han declinado o se han ausentado, como hubiera sido deseable y parecido natural, sino han cobrado nuevas expresiones o han mantenido una presencia cuya constancia pone de manifiesto la necesidad… de revisar el estado de estas cuestiones en el orden interno para ajustarlo, de una vez, a los “estándares” internacionales.  El tribunal internacional cumple su parte en la mejor medida a su alcance cuando identifica las grandes cuestiones dentro de los litigios de que conoce o las opiniones que emite y produce la doctrina jurisdiccional que figura en sus consideraciones. La siguiente etapa corre a cargo de la jurisdicción nacional, no sólo por la competencia legal que tiene, sino  -sobre todo-  por la capacidad real que posee para abarcar todos los problemas que se suscitan en el ámbito interno.”

Vale aclarar que cuando nos referimos a estándares internacionales en materia de derechos humanos, debemos tener en cuenta que ellos son, ni más ni menos, que la cristalización de propósitos, principios o reglas incluidas en nuestra constitución desde la fundación de nuestro Estado.

Es esta cuestión la que torna indispensable el debido control convencional y constitucional a fin de que la letra de los derechos no se convierta en una mera declaración de deseos invocada en los ámbitos académicos  mientras que una empresa multinacional puede cercenar, sin ton ni son, el derecho a la libertad de prensa y el acceso a la información de los ciudadanos.

Cabe destacar que, desde 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que esta confrontación del derecho interno con el derecho convencional no se limita a normas inferiores, como resulta ser el caso, sino en relación a todo el ordenamiento jurídico tal como se entendió en el caso “La Última Tentación de Cristo”  Olmedo Bustos y otros vs. Chile en donde se sostuvo que “la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana.  Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, compromete la responsabilidad internacional del Estado.  En el presente caso ésta se generó en virtud de que el artículo 19 número 12 de la Constitución establece la censura previa en la producción cinematográfica y, por lo tanto, determina los actos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.”.

Por lo expuesto, y siendo que el Estado Nacional (mediante el poder ejecutivo) no toma medida alguna para garantizar los derechos aquí invocados, corresponde a Vs, en representación del Poder Judicial y como ultimo garante de la Constitución Nacional, velar por esos derecho.

VI Solicita medida cautelar.

             Atento el tenor de la norma puesta a considerar solicitamos el dictado de las siguientes medidas cautelares:

  1. Una medida cautelar que obligue a Faceboock Argentina S.R.L. a habilitar la pagina de mi autoría, y prohíba el nuevo bloqueo de la misma hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, es decir durante la sustanciación del presente proceso. Todo ello teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias en caso de ser aplicadas, y con la exclusiva finalidad de resguardar derechos fundamentales que, de no ser tutelados en forma inmediata, serán de imposible reparación ulterior.
  2. Una medida cautelar que obligue a Faceboock Argentina S.R.L. a habilitar las tres paginas oportunamente censuradas y mediante su sistema a unificar todos los seguidores que las mentadas paginas tenían en una sola, ello a los efectos de garantizar a las personas que se informaban mediante dichas paginas a tener un acceso real y efectivo a la información.

Es procedente la concesión de la medidas cautelares peticionadas en el presente, pues “la sola omisión de dar participación al usuario, en la forma indicada, configura el perjuicio que, en las condiciones enunciadas, satisface adecuadamente el requisito de ‘actualidad’ y ‘certidumbre’ de un daño que no podría subsanarse con el dictado de una sentencia que hiciera lugar a la pretensión del actor.”

Destacamos que la adopción de las cautelares que se peticiona tiene por objeto resguardar derechos fundamentales directamente relacionados con el objeto procesal, de donde surge que la verosimilitud del derecho viene dada las disposiciones constitucionales y legales antes citadas y porque el accionar de la firma Facebook S.R.L. determina un estado de suspensión de derechos que resulta absolutamente prohibida por dichas normas.

La premura y urgencia que se pone de manifiesto, se hace aún más notable si tenemos en cuenta que es necesaria la adopción de medidas positivas para que los derechos constitucionalmente garantizados y los emanados de los Tratados y Convenciones incorporados a nuestro ordenamiento por el Art. 75.22 de la misma norma, se hagan efectivos.

Asimismo, fundamos el derecho de la medida peticionada en los artículos 195, 232, 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; y los derechos y garantías que en los considerandos previos han sido citados.

Asimismo, solicito se me exima de otorgar contracautela dada mi condición de ciudadano y la disparidad de fuerzas entre una firma que, si bien extrañamente tiene una subsidiaria en Argentina que se ha conformado con un capital social de tan solo 40.000 pesos, es de público y notorio que la firma FACEBOOCK posee un valor superior a los mil millones de dólares.-

En suma la verosimilitud en el derecho se verifica por dos extremos, el primero por la calidad que revisto de administradora de la pagina que fuera censurada (en virtud de lo cual se viola mi derecho a la libertad de expresión) y por el otro lado

El peligro en la demora se verifica toda vez que no solo es recurrente la conducta de la firma demandada, sino que al violarse los estándares internacionales mencionados arriba, cada día de censura deviene en un daño irreversible tanto para quien da la información como para quien la recibe.

Por lo expuesto solicito se otorgue las medidas solicitadas.

VII.- Prueba.-

            Como medidas probatorias, ofrezco las siguientes, separando las medidas que se solicitan a efectos de probar lo dicho en el amparo y las que solicitan en el marco de la medida cautelar, para el caso que VS considere que es menester realizarlas.

IIV. a. Amparo:

            Como medidas probatorias para el recurso de amparo solicito:

Se libre oficio a FACEBOOK ARGENTINA S.R.L., a efectos que informe, conforme la base de datos en su poder:

Fecha de alta de la fanpage denominada “Choripan y Vino”.

Que usuario dio de alta la mencionada pagina.

Fecha de baja por parte de FACEBOOK ARGENTINA S.R.L.

Cantidad de usuarios, de personas suscriptas, de personas que visibilizaron la pagina,  desde su alta hasta su cierre.

Motivo por el cual se dio la baja de las publicaciones y luego de la pagina en su totalidad, tanto de “Choripan y Vino”.

Si hubo “denuncias” por contenido inapropiado, quienes fueron los autores de dicha denuncias, contenido de la denuncia y procedimiento realizado para su verificación.

Se libre oficio a ACAPI (Asociación de Comunicadores Argentinos por Internet) con sede en a efectos que informe sobre la existencia de la página “Choripan y Vino” y sobre si esta parte resultaba ser administradora de la misma, en caso afirmativo que indique que tipo de publicaciones se realizaban, en particular si las mismas eran de contenido informativo, humorístico o personales.

  1. PERICIAL CONTABLE.

Se ordene pericia contable a efectos de informar si FACEBOOK ARGENTINA S.R.L ha recibido pagos y en que concepto, de parte del  Gobierno Nacional, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  1. PERICIAL INFORMATICA EN SUBSIDIO.

De forma subsidiaria, y para el caso que la accionada no informara lo peticionado al punto 1 de este acápite, solicito se ordene pericia informática a efectos de verificar en los servidores de la firma lo peticionado supra al punto 1.

  1. DOCUMENTAL EN PODER DE TERCEROS.

Para el caso que la accionada confirme que recibe pagos de algún organismo público, que acompañe toda la documentación que obre en su poder al respecto.

  1. DOCUMENTAL:

Acompaño en ANEXO I Capturas que dan cuenta de la legitimación activa de esta parte.

Acompaño en ANEXO II Video filmaciones de la entrega del mencionado premio, así como fotos que dan cuenta del evento referido.

Acompaño en ANEXO III Capturas de pantalla.

Acompaño en ANEXO IV Constancia de mediación solicitada por esta parte siendo requerido FACEBOOK ARGENTINA S.R.L.

VII.b. CAUTELAR.

  1.  DOCUMENTAL:

Acompaño en ANEXO I Capturas que dan cuenta de la legitimación activa de esta parte.

Acompaño en ANEXO II Video filmaciones de la entrega del mencionado premio, así como fotos que dan cuenta del evento referido.

Acompaño en ANEXO III Capturas de pantalla.

Acompaño en ANEXO IV Constancia de mediación solicitada por esta parte siendo requerido FACEBOOK ARGENTINA S.R.L.

VIII.- Introduce Cuestión Federal.-

Atento las cuestiones ventiladas en autos y teniendo en cuenta que la misma constituye materia federal, ante el hipotético supuesto de que rechazara la presente, por ser este el primer momento procesal oportuno para hacerlo, se introduce cuestión federal conforme se establece para la procedencia del recurso extraordinario en los términos y condiciones de la Ley 48, artículos 14 y siguientes.

IX.- Autorizaciones.-

Solicito que se autorice a Emiliano Rodriguez, Heranan Fernandez, Adrian Albor, Maria Cecicilia Fernandez a extraer copias de la presente causa, tomar vista del expediente, impulsarlo y todo otro acto procesal que sea necesario realizar para dar curso a éste.-

X. Petitorio.-

Con base en todo lo expuesto, a V.S. le solicito:

Me tenga por presentada en el carácter acreditado y por constituido domicilio legal;

Autorice la habilitación de feria judicial

Tenga presente el amparo formulado y dicte la cautelar solicitada.

Se tengan presentes las autorizaciones conferidas y la reserva de la Cuestión Federal.-

Proveer de conformidad que,

SERÁ JUSTICIA.-


[1] (Pág. 423. Gozaini, Osvaldo Alfredo, Derecho procesal constitucional: Amparo; Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002.)

[2](pag. 385 Bidart Campos, Germán, manual de la Costitución reformada, T. II, ediar, Buenos Aires, 1998

[3] MARIENHOFF, Miguel; “La legitimación en las acciones contra el Estado (Acción popular. Interés simple. Interés difuso. Acto administrativo discrecional)”, en L.L. 1986-C-899.-

[5]Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2002. Disponible en http://www.cidh.org/relatoria/ showarticle.asp?artID=138&lID=2

[6]“Ciudadanía(s) y derecho(s)a la comunicación”Diego de Charras, Luis Lozano y Diego Rossi, pag. 33

 

 

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